MOVIMIENTO POR UNA CIUDAD DEMOCRATICA

COMUNICADO DE PRENSA /24/11/2008
41 destacadas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones gremiales de arquitectos e instituciones académicas, exigen a la Presidenta Bachelet, mediante carta abierta entregada hoy, el inmediato retiro del proyecto que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones del Senado, por sus marcados sesgos mercantilistas y la total ausencia de participación ciudadana que esta promueve.
(Santiago, lunes 24 de Noviembre de 2008).- A las 10,30 horas de hoy lunes los dirigentes de estas organizaciones civiles, haciendo valer el derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado, ingresaron en la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda una carta abierta a la Presidenta Bachelet, en que solicitan consecuencia al gobierno respecto de los tratados internacionales que Chile ha suscrito, acerca de cómo deben las naciones del mundo hacer valer principios de equidad social, de desarrollo sustentable y de democracia representativa, en sus políticas internas en materia de vivienda, urbanismo y planificación territorial.
Por ello, en la misiva dirigida al Gobierno, tras la instantánea y masiva adhesión de la sociedad civil, se exige el inmediato retiro del proyecto que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones, LGUyC, en materias de planificación urbana, poniendo en evidencia el proceso arbitrario que este ha sufrido como los gruesos errores y omisiones que contiene dicho texto, elaborado por el Minvu, en conjunto con las asociaciones gremiales empresariales de la construcción y del sector inmobiliario, el cual, a todas luces, es contrario a los criterios de bien común necesarios en toda nueva legislación.
Por otro lado, las organizaciones sostienen que es una verdadera mofa para el país, que un Gobierno de sello Ciudadano, promueva una modificación legal que consagra en plenitud la desmedida injerencia del sector privado en las políticas de uso de suelo y crecimiento de las ciudades.
Las organizaciones promotoras de esta iniciativa, son partidarias de que, conjuntamente con el retiro del proyecto del Senado, la Presidenta Bachelet adopte las decisiones pertinentes, vía una reingeniería interna, para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, se enriele finalmente en la senda encomendada por los principios suscritos internacionalmente, para que no sea el libertinaje del mercado el que regule los destinos de las ciudades y el territorio nacional, favoreciendo sólo a las minorías que detentan el poder económico, porque en definitiva el costo social siempre lo pagan las mayorías, que no forman parte del establishment.
El arquitecto Julio Alegría, presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile manifestó "La ausencia de una forma de participación efectiva, la pretendida eliminación del carácter territorial en lo pertinente a la planificación de los asentamientos humanos, la inconsistente y oscura presentación de los bonos transables del suelo, la falta de seguridad para un Desarrollo Ambientalmente Sustentable, así como la evidente falta de garantías a un crecimiento equilibrado y armónico dentro y fuera de los límites urbanos, nos llevan a la decisión de rechazar estas modificaciones y al mismo tiempo, de continuar trabajando, como Colegio, por la postulación de un nuevo Documento Consolidado Participativo, que contenga a los estamentos pertinentes: de las Organizaciones Vecinales, Universitarias, Profesionales, Municipales y Gremiales, en un nuevo espíritu y voluntad de los organismos estatales para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes."
La arquitecta Verónica Adrián, quién lidera el Movimiento Por Una Ciudad Democrática, y representante de la Red Ciudadana por Ñuñoa, señaló "Desde que el Ejecutivo ingresó dicho proyecto al Senado, en diciembre de 2007, las organizaciones ciudadanas hemos sido testigos de un deliberado ocultamiento de sus contenidos respecto a las verdaderas intencionalidades mercantiles y de especulación del suelo que promueve esa iniciativa legislativa por las autoridades del MINVU. También denunciamos la tergiversación de las observaciones realizadas por la ciudadanía durante el proceso de estudio en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, previo a la votación en general, en la sala. Hemos intentado infructuosamente abrir instancias de discusión y debate democrático acerca de una ley que concierne tan de cerca los destinos de la población del país, así como la administración de sus recursos y reservas naturales por el Estado, logrando sólo posponer su aprobación. Por la escandalosa falta de garantías democráticas de dicho proceso, y por los principios mercantiles que promueve, no vemos otra salida posible que la Presidenta de la República ordene su inmediato retiro del Senado”.
Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad señaló “el texto de la modificación legal es muy contrario a su texto preámbulo, razón por la cual este proyecto se desnaturalizó en su origen: querían pasar gato por liebre. El Minvu es partidario de entregarle mayores facilidades a quienes lucran con los cambios de usos de suelo que posibilitan grandes negocios inmobiliarios irrespetuosos de los equilibrios medioambientales. Es impresentable que en un país democrático, en donde debe primar el desarrollo urbano sustentable, preservando las extensiones agrícolas que nos permitirán disfrutar en el futuro de la necesaria independencia alimentaria, un ministerio cooptado por el sector privado, tome este tipo de burlescas iniciativas.”
Patricio Rodrigo, Director de Chile Ambiente y vocero del Consejo de Defensa de la Patagonia, expresó "No es posible aprobar un proyecto de ley de Urbanismo a espaldas de la ciudadanía que se verá afectada por éste, ni tampoco un proyecto que responde sólo a una visión sectorial del problema del territorio y su poblamiento. Se requiere incorporar miradas sistémicas, de carácter transectorial y que respondan a los objetivos múltiples para el uso del territorio y zonas a urbanizar, organizando ciudades de verdad, con todos los servicios y no sólo ciudades dormitorios que responden más al interés inmobiliario que a resolver problemas de calidad de vida de la comunidad."