El derecho a vivir en Paz

El Derecho de Vivir en Paz... Desde hace unos cuatro años, se viene perfilando -sobre todo en Santiago- un movimiento ciudadano con un nuevo rostro: la defensa de los derechos urbanos y la calidad de vida de las personas, pasados a llevar por planes reguladores y políticas del Ministerio de la Vivienda y de las municipalidades.

* Cita: Revista Análisis Diciembre 2008, pags 53-55 Mariel Sagredo

En Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Peñalolén, Santiago, Valparaíso, Estación Central, Cerro Navia… se levantan grupos ciudadanos con un único fin: proteger el lugar donde han vivido por años. Ellos cuidan sus barrios, sus plazas y sus calles del apetito de las inmobiliarias que, apoyadas por el poder político, sólo buscan edificar más departamentos, edificios comerciales y autopistas no importando el costo en calidad de vida para los residentes. Para ello se modifican planes reguladores, se cambian leyes, se pasa por encima de ordenanzas y, sobre todo, no se escucha a los habitantes que sólo quieren vivir en paz.Los vecinos comenzaron por defender situaciones locales, como la calle que se ensancharía y que significaba que los expropiaran; el edificio que se levantaba al lado y les cubría el sol; la antena de celular frente al patio donde juegan sus hijos, en fin. Luego se fueron dando cuenta que no eran temas aislados, ocurrían en todas las comunas de igual forma “porque aunque somos los dueños de las ciudades, no tenemos ni arte ni parte en el diseño de las políticas urbanas. Estamos ante una forma de hacer ciudad que no nos contempla”, expresa la arquitecta Verónica Adrián, de la Red Ciudadana por Ñuñoa.

Clase media y alta

Quienes comenzaron a alzar su voz no viven en los extremos de la capital, sino que en barrios de clase media y alta, como Ñuñoa, La Reina o Vitacura, y observaron con horror que, igual como les ocurre a los más pobres, sus derechos fueron pasados a llevar. Pronto también surgieron en comunas como Santiago, San Miguel, Estación Central o Cerro Navia. En ese marco, agrega Verónica Adrián, “la Red es parte de un despertar espontáneo frente a un ímpetu violento de destrucción-construcción de torres en Ñuñoa, ante lo cual nos sentimos agredidos, y somos muchos los que nos comenzamos a levantar”. No menor es la fortaleza de “Salvemos Vitacura”, que surge contra las modificaciones al plan regulador y para “defender los principios básicos de la comuna, como su carácter residencial, el patrimonio arquitectónico, su conservación y renovación”. Ellos, mediante presión, consiguieron un plebiscito comunal para principios del 2009, donde los vecinos se pronunciarán respecto a las modificaciones al plan regulador. Por su parte, el Comité de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay se organizó ante la inminente destrucción de ese sector capitalino, y está pronto a conseguir la declaración de zona típica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Y el Comité de Defensa de Villa Portales, en Estación Central, consiguió mediante numerosas gestiones, hace un par de meses, que el proyecto de plan regulador comunal fuese retirado del sistema de evaluación de impacto ambiental de la Conama, porque destruía su barrio.Estos grupos se caracterizan por dar sus peleas en dos niveles. Por una parte, en la calle mediante manifestaciones, volanteos, denuncias públicas y actividades culturales. Y, por otra, en tribunales y Contraloría, exigiendo que se cumplan normas, leyes y decretos vulnerados en el afán por edificar. Claro ejemplo es el caso de la Planta de Gas Propano en Peñalolén, aprobada pese a vulnerar normas ambientales. “La gente ha protestado porque no quieren que la planta funcione ya que es ilegal -se construye en terrenos de preservación ecológica-, y porque es de alto riesgo para su integridad física. Sin embargo, se desoyó su demanda”, afirma Patricio Herman, presidente de “Defendamos la Ciudad”, entidad que lleva una década apoyando a “las organizaciones y ciudadanos de a pie cuyos derechos urbanos no son respetados”. Resistencia urbana Patricio Herman es categórico al señalar que “en Chile las políticas en materia urbana obedecen los dictados del sector privado. Somos permanentemente vulnerados por la estructura del Estado”. Dada la experiencia de su organización y sus múltiples éxitos en obligar a alcaldes, ministerios y empresarios a cumplir las normas, indica que “las brutalidades que hoy se cometen en el ámbito urbano en el país son escandalosas” y agrega “en Chile el Estado no existe, sólo hay funcionarios que perciben suculentos sueldos y operan como un club de amigos”.El directivo afirma que el movimiento ciudadano crece y la gente toma conciencia de sus derechos y esa es la razón “por la que los medios de prensa dominantes los ‘ningunean´ y sostienen que no existen, pero están ahí”. Coincide Verónica Adrián al indicar que “las organizaciones son permanentemente censuradas en la prensa, coartadas por dinámicas de mercado y abusos de poder desde los municipios y por políticas centrales. Pero seguimos resistiendo”, agrega. Para ello, cada una cuenta con su web, la que les permite llegar con información a sus adherentes, se contactan por mail entre todas y han creado una coordinadora que las agrupa.Pese a estos avances, Verónica reconoce que todavía falta mucho para hacer escuela y lograr que la mayoría no sólo reaccione por temas inmediatos, sino de fondo. Sin embargo, es optimista y destaca que “las organizaciones están comenzando a ocupar el territorio. Antes había silencio absoluto en Ñuñoa y hoy hemos instalado el problema”, explica. Enormes poderes municipales Una prueba de que este movimiento comienza a consolidarse ocurrió a principios de año. Se presentó en el Congreso el proyecto de Ley General de Urbanismo y Construcciones que entregaba a los municipios enormes poderes respecto a qué se hace en el barrio. Incluso les permitía pedir la expropiación de un conjunto habitacional si lo calificaban de insalubre o deteriorado y hacer las modificaciones que quieran a los planes reguladores, sin evaluaciones medioambientales o la participación vecinal. Agrupado en su coordinadora, el movimiento demostró a los parlamentarios los reales fines del proyecto, consiguiendo que se presentaran decenas de indicaciones, las que han retrasado su aprobación. Otro aliciente provino de las recientes elecciones municipales. En ellas salió electa Claudia Pascual como concejal en Santiago, quien es integrante de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, mientras que Rodolfo Terrazas, cabeza de Salvemos Vitacura, obtuvo un inesperado 32 por ciento de la votación para alcalde en su comuna, lo que, obviamente, fortalece más su movimiento. Por su parte, en Ñuñoa, la Red celebra que alguien cercano como Manuel Guerrero sea concejal. Lo anterior demuestra el interés de este movimiento por dar un paso adelante. Mientras que otros, al ver su fuerza, han debido darlo hacia atrás. El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, percibió que lo mejor es no pelear con los vecinos y aseguró que no aumentará las alturas de edificación en dicha comuna. “Esto demuestra cómo estos movimientos emergentes vecinales que hacen prevalecer sus propios derechos urbanos, están tomando mucha fuerza”, concluye Herman.

A defender nuestras ciudades

Movimiento por una Ciudad Democratica